Informe de Expediente Contencioso Administrativo Nº 01970-2008-0-0601-JR-CL-01

Abstract

RESUMEN A través del tiempo, nuestro Gobierno peruano ha ido otorgando distintos beneficios económicos (bonificaciones o asignaciones}, a los diferentes sectores de trabajo, entre ellos, el sector de educación, salud, etc; a fin de incentivar la labor que desempeñan los trabajadores públicos. En el expediente analizado, la controversia radica en la aplicación o no de dos normas legales, el primero, el Decreto Supremo Nº 19-94-PCM, de fecha 28 de marzo de 1994, mediante el cual se otorga una Bonificación Especial a los trabajadores de los Ministerios de Salud y Educación, y el segundo, referido al Decreto de Urgencia N° 37-94, de fecha 11 de julio de 1994, mediante la cual se fija monto mínimo del ingreso total permanente de los servidores activos y cesantes de la Administración Pública, siendo este último el que otorga un monto de dinero mayor a dichos trabajadores. Es así que, el recurrente al ostentar la condición de servidor público cesante de la Dirección Regional de Salud de Cajamarca (quien ostentó el cargo de electricista 111 (técnico)) y en base al principio de indubio pro operario, es de aplicación el beneficio reconocido mediante el Decreto de Urgencia N° 37-94, el cual resultaba siendo más beneficioso para dicho recurrente, así mismo, un factor determinante en la dilucidación de la presente controversia fue la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 2616 -2004-AC/TC.

ABSTRACT Over time. the Peruvian Government has been granting various economic benefits (bonuses and subsidies) to the different working areas. like education. health etc. in order to motivate the work that is being performed by public employees. In the analyzed case, the controversy lies in the implementation of the legal standards, firstly of the Supreme Decree No. 19-94-PCM of March 28. 1994. through which a Special Bonus is being awarded to the Ministry of Education and Health employees, and secondly, of the Executive Order No. 37-94 of July 11. 1994, through which it is being set the minimum amount of the total permanent income of the active and former Public Administration employees. granting a higher amount of money to such workers. That is why, the complainant. being a former public employee of the Regional Health Directorate of Cajamarca (who served as a technical electrician Ill) and based on the 'in dubio pro operario’ principle. should be granted the subsidy approved by the Executive Order No. 37-94. which resulted more advantageous for the complainant; likewise, a crucial factor in the clarification of the current controversy was the ruling of the Constitutional Court in the Case No. 261 6-2004-AC/T C.