Efectos jurídicos de la normatividad existente que restringe el derecho fundamental de la participación ciudadana, en el Consejo de Coordinación Regional de Cajamarca

Abstract

RESUMEN El derecho a la participación ciudadana se encuentra constitucionalmente reconocido en los artículos 2°, inciso 19, y 31° de nuestra constitución. Ambos dan origen a todo nuestro régimen democrático en el cual la democracia representativa asume la conducción de la nación, mientras que la democracia participativa contribuye con la gobernabilidad y legitimidad de los gobiernos. En el año 2002 se inicia la reforma constitucional sobre la organización territorial de la nación y se incorpora por primera vez el componente participativo y concertativo entre los agentes del gobierno y los miembros de la sociedad. Uno de estos espacios es el Consejo de Coordinación Regional, que agrupa al Presidente Regional, los Alcaldes Provinciales y a miembros de la sociedad civil a fin de que de manera concertada pueda aprobar el presupuesto participativo y emitir opinión sobre temas de interés. Por primera vez se legaliza un espacio desde el cual se pueda ejercer el derecho a la participación ciudadana desde la democracia participativa. Como punto de partida del problema de investigación de la presente tesis, se evidencio que el número de organizaciones que postulan cada periodo para conformar el Consejo de Coordinación Regional se viene reduciendo constante y considerablemente, lo cual puede tener diferentes razones pero que desde el derecho fundamental a la participación ciudadana llamo especial atención la posibilidad de estudiar aquellos requisitos legales que impiden a las organizaciones de la sociedad civil participar del proceso de postulación del Consejo de Coordinación Regional. Por lo tanto se tuvo como problema central de la investigación conocer cuáles son los efectos jurídicos de la normatividad existente que restringe el derecho fundamental de la participación ciudadana en el Consejo de Coordinación Regional de Cajamarca. En ese sentido, se planteó como objetivo general conocer los efectos jurídicos en mención, para lo cual los objetivos específicos serían analizar la normatividad que restringe la inscripción de organizaciones sociales al proceso de postulación para conformar el Consejo de Coordinación Regional, conocer el número de organizaciones sociales que no pudieron inscribirse al proceso de postulación al Consejo de Coordinación Regional por no cumplir con los requisitos legales y analizar la afectación al derecho fundamental a la participación desde la democracia participativa. Así mismo la hipótesis de investigación fue que los efectos jurídicos en la normatividad existente en la ley orgánica de gobiernos regionales que establece requisitos legales para que las organizaciones sociales puedan participar del Consejo de Coordinación Regional, son una barrera legal que afecta el derecho fundamental a la participación en la democracia participativa. Es importante el estudio de esta tesis ya que Cajamarca tiene una amplia historia de participación ciudadana, siendo el primer departamento en 1990 donde nacen las Mesas de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza. Como resultado de la investigación se reflexionó ampliamente sobre el derecho constitucional a la participación ciudadana el cual se encuentra normado en el artículo 191° de la Constitución y atribuye competencias en dicha materia a los Gobiernos Regionales por medio de la Ley de Bases de descentralización, sin embargo la ley de Gobiernos Regionales ha codificado requisitos que las organizaciones sociales que deseen postular al Consejo de Coordinación Regional deben cumplir, los cuales son estar inscrito en registros públicos y acreditar tres años de existencia. En la presente tesis se ha estudiado ampliamente ambos requisitos y se ha catalogado aquellas organizaciones que no pudieron formar parte del proceso de postulación por no contar con uno de los requisitos legales. Como resultado, se tiene que en todos los años del Consejo de Coordinación Regional un 28% de organizaciones que postularon no fueron aceptadas. Lo cual desde ya son barreras legales que afectan el derecho constitucional a la participación ciudadana. Los efectos jurídicos que traen estas barreras legales es la afectación al derecho constitucional de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos de la nación, el derecho a las formas de identidad cultural y el derecho a la forma de asociación jurídica, ya que los requisitos establecidos en la ley de Gobiernos Regionales considera homogénea y con la misma dinámica organizacional a toda la sociedad civil, sin embargo en Cajamarca, existen organizaciones juveniles, gremios laborales, agrarios, comunidades nativas y campesinas que no siguen esa dinámica organizacional y tienen diferentes formas de organizarse, siendo éstas las que menos han sido aceptadas para postular al Consejo de Coordinación Regional de Cajamarca. Todo ello afecta de manera significativa en el régimen democrático de la nación ya que no contribuye con la gobernabilidad del país, ni crea una democracia fuerte que genere entendimientos y diálogos tan necesarios hoy en día. Con los resultados precedentes se ha comprobó la hipótesis planteada, sin embargo se consideró dar un paso más a nivel propositivo a fin de contribuir con la comunidad jurídica y el mejor desempeño de la democracia. En ese sentido, la Constitución es una fuente de normas que establece diferentes niveles para las leyes que se emitan desde diversas instancias competentes. La ley de Gobiernos Regionales, que la codifica las barreras legales que se han estudiado en la presente tesis, ha sido promulgada por el Congreso de la Republica, por lo que una modificación o eliminación de dichas barreras legales implica una modificación de la Ley en mención, sin embargo el Consejo Regional de Cajamarca podría normar en torno a la participación ciudadana por cuanto es una competencia exclusiva de los gobiernos regionales, lo cual no contravendría con el principio de jerarquía normativa en la medida que éste no colisione con competencias de organismos de mayor jerarquía y siendo que la participación y concertación es una competencia de los Gobiernos Regionales conforme al capítulo IV de la Ley de bases de descentralización y el artículo 191° de la constitución, éstos podrían normar en torno a participación ciudadana. Finalmente se ha redactado una propuesta de ordenanza regional que espera contribuir con la democracia y gobernabilidad de nuestra sociedad.

ABSTRACT The right to public participation is constitutionally enshrined in articles 2, paragraph 19, and 31 of our constitution. Both give rise to our entire democratic system in which representative democracy assumes the leadership of the nation, while participatory democracy contributes to good governance and legitimacy of governments. In 2002 starts the constitutional reform on the territorial organization of the nation and first joined the participatory component between government agents and members of society. One of these spaces is the Regional Coordinating Council, which groups the President Regional, Provincial Mayors and members of civil society so that in concert to approve the participatory budget and issue an opinion on topics of interest. For the first time legalized a space from which to exercise the right to citizen participation from participatory democracy. As a starting point of the research problem of this thesis, we found that the number of organizations who apply each term to form the CCR has been decreasing steadily and considerably, which may have different reasons but from the fundamental right to participate citizen call attention the possibility of studying those legal requirements that prevent civil society organizations participate in the nomination process of the Regional Coordinating Council. So it was a central concern of research to know what the legal effect of the existing legislation that restricts the fundamental right of citizen participation in the Regional Coordinating Council of Cajamarca. In that sense, was proposed as general objective to know the legal effect in question, for which specific objectives would be to analyze the regulations that restrict the registration of social organizations in the application process to form the Regional Coordinating Council, to know the number of social organizations that could register at the Regional Coordinating Council application process for not meeting legal requirements and analyze the involvement of the fundamental right to participation through participatory democracy. Likewise, the research hypothesis was that the legal effects in the existing legislation in the organic law establishing regional government legal requirements for social organizations to participate in the Regional Coordinating Council, is a legal barrier that affects the fundamental right to involvement in participatory democracy. It is important to study this thesis and that Cajamarca has a rich history of citizen participation, the first department in 1990 where born the Roundtables for the Fight Against Poverty. As a result of the research are reflected extensively on the constitutional right to public participation which is regulated in Article 191 of the Constitution and grants powers in this matter to the Regional Governments through the Basic Law of decentralization without But the law of Regional Governments requirements codified social organizations wishing to apply to the Regional Coordinating Council must meet, which are to be registered in public records and prove three years of existence. This thesis has been widely studied both requirements and has been listed organizations that could not be part of the application process by not having one of the legal requirements. As a result, one finds that in all years of the Regional Coordinating Council 28% of organizations who applied were not accepted. From which are already legal sweep affecting a constitutional right to public participation. The legal effects that bring these legal barriers is the involvement of the constitutional right of citizens to participate in public affairs of the nation, the right to forms of cultural identity and the right to legal form of association, since the requirements in the Law of Regional Governments considered homogeneous and the same organizational dynamics to the entire civil society, but in Cajamarca, there are youth organizations, labor unions, agricultural, indigenous and rural communities that do not follow the organizational dynamics and have different ways of organizing , these being the least have been accepted to apply for the Regional Coordinating Council of Cajamarca. This significantly affects the nation's democratic regime and does not contribute to the governance of the country, or establish a strong democracy that creates understanding and dialogue so necessary today. With the above results has proved the hypothesis, however it was considered a step further to propositional level to contribute to the legal community and the best performance of democracy. In that sense, the Constitution is a source of rules set different levels for laws to be issued from different actors involved. The Law of Regional Governments, which encodes the legal barriers that have been studied in this thesis has been enacted by the Congress of the Republic, so that a modification or elimination of these legal barriers require an amendment to the Act in question however, the Regional Council could regulate Cajamarca around citizen participation because it is an exclusive competence of regional governments, which would not conflict with the principle of hierarchy in the extent that it does not collide with greater powers of agencies hierarchy and since the participation and consultation is a competence of the regional governments under Chapter IV of the basic law of decentralization and Article 191 of the Constitution, they could regulate about citizen participation. Finally, we have drafted a proposed ordinance expected to contribute to regional democracy and governance in our society.