La discapacidad mental grave o profunda y el reconocimiento de la capacidad jurídica, Lima - 2024

Abstract

El presente trabajo de investigación titulado “ La discapacidad mental grave o profunda y el reconocimiento de la capacidad jurídica, Lima-2024” tuvo como objetivo general Determinar si el reconocimiento de la capacidad jurídica de los discapacitados mentales graves o limitaciones profundas asegura, el ejercicio pleno de sus derechos, y la seguridad jurídica de la sociedad, Lima-2024, cuyo enfoque metodológico fue cualitativo, método inductivo y diseño fenomenológico no experimental. Se empleó la técnica de la observación y estrevistas no estructuradas que fueron aplicadas a una muestra de cinco abogados especialistas en derecho civil. Como resultado se tuvo que los entrevistados muestran una preocupación común por proteger los derechos de las personas con discapacidad mental grave o profunda, explorando si el reconocimiento de su capacidad jurídica asegura el pleno ejercicio de sus derechos y la seguridad jurídica de la sociedad. Reconocen la importancia de clasificar los distintos grados de discapacidad mental desde una perspectiva legal, con énfasis en adaptar el tratamiento jurídico según el nivel de discapacidad. Sin embargo, divergen en los enfoques, algunos resaltan la relación entre los grados de discapacidad y la capacidad legal, mientras que otros enfatizan la importancia de esta clasificación para proteger los derechos fundamentales y orientar políticas públicas. En cuanto a los mecanismos jurídicos de representación como la curatela o la interdicción, reconocen su potencial para vulnerar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad mental, aunque difieren en la profundidad y el enfoque del análisis, algunos centrándose en la posible falta de autonomía y dignidad humana que implica su imposición, mientras que otros destacan la necesidad de considerar cuidadosamente cada caso individual para evitar abusos y discriminación. Después de realizar un análisis exhaustivo sobre el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental grave o profunda y su impacto en el ejercicio de sus derechos y la seguridad jurídica, se ha llegado a la conclusión de que dicho reconocimiento, aunque es un paso fundamental, no es suficiente por sí solo para garantizar plenamente sus derechos ni la seguridad legal de la sociedad. Se han identificado desafíos, entre los que se encuentra la necesidad de implementar medidas de apoyo y salvaguardia que se ajusten a las necesidades individuales de este grupo, con el fin de fomentar su inclusión participativa en la sociedad. Esto implica la creación de programas que aborden aspectos como la inclusión laboral, el acceso a la educación, los servicios de salud mental y la asistencia legal especializada, facilitando así su integración y contribución al desarrollo social.