La prueba de oficio como manifestación del derecho a la tutela procesal efectiva en el proceso penal

Abstract

RESUMEN En este estudio, se ha examinado, aunque más sincero sería decir que se ha intentado examinar, la incidencia que tienen los presupuestos de la prueba de oficio, y su configuración

legal en el Código Procesal Penal del año 2004, como un modo de protección del contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva en el proceso penal.

En ese contexto, para la concreción del mencionado objeto, en el primer capítulo, fueron desarrollados los presupuestos de la prueba de oficio de acuerdo a la doctrina procesal, lográndose identificar que estos venían constituidos por lo que, en el trabajo, se ha denominado “indeterminación de los hechos aportados” y “averiguación de la verdad”, los cuales articulan la razón de su institución dentro de la historia del Derecho Procesal.

En el segundo capítulo, se abordó el desarrollo de la fundamentalidad del derecho a la tutela procesal efectiva, su estructura como derecho fundamental de protección, su contenido esencial y el replanteamiento de la mencionada fundamentalidad desde una perspectiva hermenéutica, indicando que la fundamentalidad del referido derecho está determinada por el “horizonte histórico” al que pertenece la Constitución y no por la creación de “standards” de fundamentación derivados por la argumentación jurídica o argumentación fundamental, como sostiene Alexy.

En el tercer capítulo, se abordó el estudio de la disposición normativa que prevé a la prueba de oficio, es decir, el enunciado previsto en el inciso 2 del artículo 385 del Código Procesal Penal; su sistemática de acuerdo a la técnica procesal adoptada por el legislador, la determinación de sus presupuestos (diferenciándose los procesales de los sustantivos), y la comprensión de aquellos presupuestos desde el aporte de la hermenéutica, basado en la fusión de horizonte del ordenamiento procesal penal con aquel que la Constitución supone como límite interpretativo.

Los tres capítulos fueron confrontados con la experiencia jurisdiccional de los jueces penales de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, pudiéndose contrastar de manera considerable lo que comprendió el estudio dogmático de la prueba de oficio y del derecho a la tutela procesal efectiva con los criterios de los profesores Michelle Taruffo y Arsenio Oré Guardia.

Asimismo, fue confrontado con el estudio de sentencias donde se aprecia la valoración de pruebas de oficio decretadas, a fin de poder determinar la incidencia entre el uso de esta y la calidad de tutela –aunque esto sea, también, dicho sea de paso una con- tradictio in adjectum- expresada en la sentencia.

Tras todo este ínter transcurrido, se pudo arribar a la conclusión de que la prueba de oficio, a través de sus presupuestos, sean procesales o sustantivos, incide en el contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva en el proceso penal. En el primer caso, la incidencia era positiva sobre el principio de legalidad procesal penal, que puede ser reformulado como un derecho a que se respete el procedimiento determinado por ley; y en el segundo caso, lo que se estudió como “averiguación de la verdad” incidía en la fundabilidad de la sentencia en Derecho, puesto que garantizaba una respuesta jurisdiccional más acorde a las necesidades de tutela.

ABSTRACT In this study, it has been examined, although, it would be more accurate to say that it has been tried to examine, the incidence that the groundings of evidence ex officio, and its legal configuration in the Criminal Procedure Law of 2004, as a mode of protection of the core content of the right to due process of law in the criminal procedure.

In that context, in order to fulfill that object, reasons of requiring evidence ex officio are developed, following the procedural doctrine and normative, identifying that they were constituted by the “indetermination of the facts introduced to the process” and the “ascertainment of truth”, which articulates the reason of its institutionalization in the history of Procedural Law.

In the second chapter, it was addressed the development of the condition of fundamental right of due process of law, its fundamental right structure of right of protection, its core content and the rethinking of it from a hermeneutic perspective, indicating that it is determined by the “historic horizon” constituted by the Constitution, not by the creation of fundamentation “standards” or “fundamental argumentation”, as Alexy sustains.

In the third chapter, it was addressed the study of the normative disposition that regulates the ex officio evidence, that is, the normative standpoint of the point 2 from the article numbered 385 from the Code of Criminal Procedure; its systematic according to the procedural technique adopted by the legislator, the determination of its foundations (differentiating the procedurals from the substantives), addressing them by the contribution of the hermeneutic, based on the fusion of horizons between the procedural law and the Constitution.

The three chapters were confronted with the jurisdictional experience of the criminal judges from the Superior Court of Justice of La Libertad, contrasting what was addressed in the dogmatic study of the ex officio evidence and the due process of law with the criteria of the professors Michelle Taruffo and Arsenio Oré Guardia. The same with the study of the judgments derived from the judicial sentences where it was used the ex officio evidence, so it was able to determine the incidence within its use and the protection of rights.

After all this way, it could be concluded that the ex officio evidence, through its foundations, being either procedural or substantives, impacts on the core content of the due process of law in the criminal procedure. In the first case, the incidence it is positive on the principle of procedural criminal legality, that can be reformulated as the right directed to petition that the structure of legal proceedings must be respected; on the second case, what was studied as the ascertainment of truth impacts on the justification of the court ruling, because it guarantees the jurisdictional response be more adapted to the protection of rights.